Mobbing immobiliari

El acoso inmobiliario en Ciutat Vella
Violencia inmobiliaria, mobbing y política urbanística
El acoso inmobiliario es una expresión concreta y de extrema violencia de la relación entre política urbanística y mercado, y en el caso de Ciutat Vella es inseparable de la última fase de la reforma urbanística del centro histórico.

Esta transformación, iniciada por el Ayuntamiento en 1989, tenía como objetivo la apertura de los barrios de Ciutat Vella a la inversión privada y se sustentó en una intervención salvaje. La destrucción de edificios, illas e incluso calles enteras, como fue el caso de la actual Rambla del Raval, coincidió con el boom especulativo iniciado a mediados de los 90 y que ya entrado el siglo XXI se convirtió en una guerra contra los vecinos. Es a partir de 2000 y 2001, principalmente en las zonas de mayor actividad urbanística o inmobiliaria, como El Raval, el Gòtic o Santa Caterina, cuando se comienzan a detectar los primeros casos de acoso.

 
Al respecto es necesario señalar que el mobbing no ha sido patrimonio exclusivo de los agentes privados. Empresas como la propia FOCIVESA, dependiente del Districte de Ciutat Vella, han empleado métodos considerados como acoso por numerosos juristas: misivas con un tono burocrático pero amenazante, la ejecución de obras allí donde aún quedaban vecinos o locales en funcionamiento o incluso el corte de suministros.
 
Cifras
 
Desde que en 2006 el todavía Conseller d’Habitatge Francesc Baltasar afirmara que aproximadamente 10.000 familias en toda Catalunya podrían estar afectadas o en riesgo de sufrir acoso inmobiliario, ninguna institución ha querido cuantificar el alcance real del problema. De hecho, tanto Generalitat como Ayuntamiento han pretendido empequeñecer las dimensiones del mobbing sin resolverlo.
 
Pero tal y como ha señalado la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), las cifras oficiales están lejos de corresponderse con la realidad: «El fet que no hi hagi gaires casos a l’OMIC entenem que és perquè els afectats es dirigeixen directament al Servei d’Orientació Jurídica per analitzar la possibilitat de presentar una demanda judicial, atès que, tret d’excepcions, és la via per recórrer per afrontar aquesta problemàtica».
 
De todas maneras, incluso las modestas cifras de la OMIC sobre Ciutat Vella son para preocuparse. La oficina señala que el número de «casos admitidos» procedentes del distrito es de 172 desde 2004 y reconoce que el centro histórico concentra, por sí solo, un tercio de todos los casos abiertos: una media de 57 casos anuales.
 
Estas cifras, que deberían ser suficientes para comenzar a llevar a juicio a los propietarios y promotores responsables del acoso inmobiliario, no han hecho variar, sin embargo, la política aplicada hasta ahora. La mediación entre propietarios e inquilinos, como si el acoso fuera un «desacuerdo» en lugar de una acumulación de actos de violencia unilateral, sigue siendo la apuesta desde el Ayuntamiento.
 
Pese a que el acuerdo firmado con el nuevo Fiscal Antimobbing, Francisco Rodríguez Rey, incluye la posibilidad de usar la vía penal, tanto Hereu como Itziar González han dejado meridianamente claro que se privilegiará la mediación y que el Fiscal será más un elemento disuasorio que una herramienta de acción real. A eso hay que añadirle la voluntad cero demostrada hasta ahora por Fiscalía. Cada vez que un afectado ha buscado amparo por su cuenta, se ha encontrado con uno o más portazos, como es el caso de Robador 29, tres veces archivado por la oficina del Fiscal. Un ejemplo al que hay que añadir los 9 casos que hace más de un año trasladaba la OMIC a Fiscalía y de los que hasta hoy no se ha derivado ninguna acción judicial conocida.
 
Por lo tanto, hasta ahora la vía administrativa contra el mobbing se presenta como una quimera por la nula iniciativa demostrada por cada uno de los responsables municipales. Mientras que la vía penal parece imposible por la mayoritaria insensibilidad de jueces y fiscales respecto a la gravedad del problema.
 
La violencia inmobiliaria continúa
 
Además de todo esto hay que tener en cuenta que el modelo económico aplicado a Ciutat Vella y basado en la explotación turística e inmobiliaria, sigue siendo incuestionable para la totalidad de los partidos en el Ayuntamiento. Un contexto en el que cualquier medida administrativa o judicial tendrá siempre un carácter y un alcance limitado y testimonial.
 
Sabiendo esto, a falta de datos fiables pero con la experiencia y la historia viva y reciente en la mano, podemos decir que en Ciutat Vella el mobbing no es agua pasada sino una realidad y un riesgo latente y urgente. Algo que se confirma si observamos algunos puntos calientes.
 
En determinados espacios como el entorno de Illa Robador la violencia urbanística es todavía un hecho cotidiano y, en general, la «rehabilitación» del sur del Raval es un caso abierto que, en calles como Nou de la Rambla, cuenta con comunidades enteras de inquilinos susceptibles de ser expulsadas. Al norte, la zona alrededor de Joaquín Costa, y el entorno museístico y universitario, casi puede dar por cerrada la reforma pero no la vorágine de transformación económica, que no es precisamente un calmante para los derivados de la violencia inmobiliaria.
 
Por otro lado, ya finalizado el Mercat de Santa Caterina y tras cerrarse la era de la excavadora en La Ribera, las actuaciones de REGESA avisando a los vecinos recolocados del final de sus contratos o la apertura del futuro corredor hotelero de la Via Laietana, indican que la presión urbanística no tiende precisamente a desaparecer.
 
Finalmente, el mantenimiento del Plan de los Ascensores en La Barceloneta, que de ejecutarse provocaría una invasión de capital privado en el barrio portuario, como han denunciado reputados técnicos como Mercè Tatjer o Manuel de Solà Morales, señala que el caldo de cultivo en el que se reproduce el mobbing no sólo no desaparece sino que se extiende. Y se extiende sobre todo la propia planificación urbanística a cargo del Ayuntamiento.
 
Al respecto es necesario considerar que la actual crisis del mercado inmobiliario ha puesto en tela de juicio un modelo de gestión de las administraciones, y más en concreto de los Ayuntamientos. La denominada «colaboración público-privada», que en el caso de Ciutat Vella alcanza su máxima expresión en FOCIVESA, es insostenible después de esta larga década de boom especulativo.
 
Medidas
 
Concretando, las medidas urgentes que requiere el distrito para atajar la violencia inmobiliaria en general y el mobbing en particular se pueden dividir claramente en dos aspectos:
 

1. Medidas de control sobre el mercado inmobiliario y uso de las vías penal y administrativa para combatir el acoso inmobiliario.
   • Asociación de cualquier política municipal en materia de vivienda, rehabilitación o suelo a la rebaja o congelación del precio de la vivienda; incluyendo en cualquier ayuda, contrato u operación cláusulas encaminadas a proteger a los vecinos, reducir el precio del metro cuadrado o establecer precios asequibles de alquiler.
   • Acceso de las entidades del distrito a un listado público y fiel del patrimonio inmobiliario municipal, especificando la situación e historia de cada finca, y abriendo un proceso de propuestas de uso por parte de los movimientos sociales y vecinales.
   • Uso de los mecanismos de ejecución subsidiaria y expropiación en fincas abandonadas, degradadas o con vecinos afectados por acoso inmobiliario, como ya se hace en Granada, Málaga o Cádiz.
   • Firma de un convenio con el Col·legi de Notaris de Catalunya, según el cual no podrá efectuarse ninguna compra-venta en todo el área de Ciutat Vella sin que previamente el Districte haya renunciado a su compra. Para que este convenio sea operativo una comisión específica deberá investigar cada operación y determinar si existen irregularidades o cualquier riesgo de vulneración de los derechos de los vecinos.
   • Personación del Ayuntamiento de Barcelona como acusación particular en los casos de acoso inmobiliario.

 

2. Reforma y renovación de los servicios técnicos del Districte de Ciutat Vella y de FOCIVESA, encaminada a que ésta se reconvierta en una empresa pública gestionada por el Districte de Ciutat Vella como son los casos de ProNouBarris o 22@Bcn, y llevando a cabo una auditoria rigurosamente independiente de la ejecución de los PERIs desde sus inicios. Para eso son necesarias, entre otras, las siguientes medidas:
   • Renovación de los servicios técnicos de Ciutat Vella, generando un nuevo equipo que rompa con las malas prácticas aplicadas hasta ahora y que afronte de manera efectiva los problemas reales del distrito.
   • Apertura de los archivos de FOCIVESA y PROCIVESA desde 1989 hasta la fecha, para que una comisión conformada por técnicos de probada independencia y miembros del movimiento asociativo y vecinal puedan redactar un informe sobre la actuación de ambas sociedades durante los últimos veinte años y denunciar en su caso eventuales ilegalidades e irregularidades.
   • Derogación de cualquier capacidad o poder de FOCIVESA para gestionar el patrimonio inmobiliario o las plusvalías procedentes de la su gestión. Ese paquete debería ser traspasado en su totalidad a instancias políticas.
   • Desvinculación de la financiación de FOCIVESA de los resultados económicos o financieros de la reforma.
   • Salida de La Caixa, Telefónica, SABA Aparcaments, Caixa Catalunya y BBVA, que actualmente poseen alrededor del 40% del capital, del accionariado de FOCIVESA. Lo que debería derivar en una empresa de capital 100% institucional con una gestión dependiente del Districte de Ciutat Vella. 

Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística